ENTRADA DOMICILIO INSPECCION

La entrada en el domicilio en un procedimiento de inspección

El Tribunal Supremo, en Sentencia de 1 de octubre de 2020 (rec. 2966/2019) examinó los presupuestos necesarios para que un juez pueda autorizar la entrada en el domicilio social en un procedimiento de inspección.

En particular, en este caso la AEAT solicitó al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Córdoba autorización para entrar en el domicilio de una empresa para recabar información tributaria, a pesar de que no se había iniciado formalmente un procedimiento inspector.

Los motivos por los que se solicitó la entrada por la AEAT fueron «los bajos resultados de la actividad económica, con muy baja rentabilidad en relación con la media nacional de las empresas del sector» y «los bajos ingresos en efectivo de las entidades bancarias, por lo que podrían estar ocultándose ingresos y ventas». Consideraba la Agencia Tributaria que era necesario desarrollar la entrada in audita parte en tanto que en otro caso, «la labor inspectora quedaría desnaturalizada, perdiendo toda su lógica y sentido si se produce anuncio previo, pues, evidentemente, el obligado tributario podría hacer desaparecer pruebas».

Para el Juzgado de lo Contencioso (auto de 4 de octubre de 2017) y el TSJ de Andalucía en Sentencia de 8 de marzo de 2019 (rec. nº 69/2018), los motivos por los que se solicitaba la entrada eran suficientes, por lo que se otorgó la entrada y registro a pesar de no haberse iniciado ningún procedimiento inspector, y se homologó en la posterior Sentencia del TSJ, la cual desestimó el recurso considerando que:

“los razonamientos del auto auto combatido son correctos y ajustados a lo que una constante jurisprudencia ha delimitado en torno a las entradas en domicilios a los efectos de ejecutar actos administrativos firmes. Y los hechos también han sido apreciados correctamente. (STSJ de Andalucía de 8 de marzo de 2019, rec. núm. 69/2018 –NFJ079885–, FJ 2.º).”.

El Tribunal Supremo admitió el recurso de Casación presentado por el obligado tributario, y sentnado la siguiente doctrina en su FJ 5º:

  • La autorización de entrada debe estar conectada con la existencia de un procedimiento inspector ya abierto y cuyo inicio se haya notificado al inspeccionado, con indicación de los impuestos y períodos a que afectan las pesquisas, conforme a los arts. 113 y 142 LGT. Sin ello, el juez no podría conceder la autorización para la entrada y registro, por lo que la actuación de este caso fue totalmente ilegal.
  • La posibilidad de adoptar una autorización in audita parte no guarda relación con la exigencia anterior, sino que se refiere a la eventualidad de no anunciar la diligencia de entrada con carácter previo a su práctica. Esta situación es de rigurosa excepcionalidad, y ha de ser objeto de expresa fundamentación sobre su necesidad al caso concreto.
  • No cabe una autorización de entrada con fines indefinidos, estadísticos o prospectivos, para ver que se encuentra, como sucedió en este caso.
  • Es preciso que el auto judicial motive y justifique la necesidad, adecuación y proporcionalidad de la medida de entrada, sometiendo a contraste la información facilitada por la Administración, que debe ser puesta en tela de juicio, en su apariencia y credibilidad, sin que quepan aceptaciones automáticas, infundadas o acríticas de los datos ofrecidos.
  • No pueden servir de base, para autorizar la entrada, los datos o informaciones generales o indefinidos procedentes de estadísticas, cálculos o, en general, de la comparación de la situación supuesta del titular del domicilio con la de otros indeterminados contribuyentes o grupos de estos, o con la media de sectores de actividad en todo el territorio nacional, sin especificación o segmentación detallada alguna que avale la seriedad de tales fuentes.

Desde la perspectiva de la motivación y del control de discrecionalidad, los razonamientos del tribunal constituyen un desarrollo de la doctrina sobre el control de proporcionalidad elaborado por la STS de 10 de octubre de 2019 (rec. núm. 2818/2017), si bien en este último caso no se superaba el mero control de necesidad:

[…] la Inspección de los tributos no necesitaba entrar en el domicilio de la entidad y hacerse con los datos relativos a esas (supuestas) reinversiones indebidas porque le bastaba con solicitar del contribuyente los extremos necesarios de la materialización y, si estos no acreditan la idoneidad de la misma, rechazarla, incluyendo en el impuesto sobre sociedades del ejercicio final para reinvertir (que ya se está inspeccionando) lo dotado y no reinvertido. (FJ 3.º 3)1.

Por tanto, para que se pueda autorizar la entrada en el domicilio social en un procedimiento de inspección, según el Tribunal Supremo ha de haberse iniciado un procedimiento de inspección debidamente notificado al obligado tributario, motivando el objeto de la misma, delimitando el ámbito de discrecionalidad administrativa.

 

Fani Ibáñez Ferrandis. 

 

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